Presiones, decretos y pactos en las sombras: el manual de la impunidad libertaria. El inocente se defiende como inocente, y este no parece ser el caso del presidente.│ Nicolás Sanz.
La corrupción en el Gobierno del presidente Javier Milei es altamente llamativa, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de alguien que asumió el poder con la promesa de terminar con los viejos mecanismos utilizados por la “casta política”.
Pero más llama la atención cómo, a diferencia de lo que sostienen los propios funcionarios (y ex funcionarios como es el caso de Manuel Adorni), intervienen en las decisiones que tiene que tomar la justicia en el marco de las causas que pesan sobre los principales protagonistas del Gobierno.
El caso del criptoescándalo $LIBRA es una muestra más que explícita de ello, siendo que el propio juez, Marcelo Martinez de Giorgi, adelantó que, según su consideración, no existió una estafa en este caso.
Es llamativo por varias razones. La primera porque está prejuzgando algo que todavía está en etapa de investigación. Y la segunda porque nadie quiere (o puede) responder de dónde sacó el presidente la dirección del contrato de blockchain que publicó en su cuenta de X el 14 de febrero del 2025.
Un peritaje de la Policía Federal despejó dudas respecto de que Milei fue el primero en publicarlo, desmintiendo al propio jefe de Estado que dijo poco después de estallado el escándalo que lo vio en internet y decidió postearlo. Si no hay nada que ocultar, por qué mintió. Otra pregunta que nadie puede responder.
Martínez de Giorgi tomó la decisión de apartar a los cinco querellantes que aportaban al impulso del expediente, no casualmente, justo después de que el presidente refrendó mediante decreto el pliego de la mujer del magistrado.
Ello supone un duro golpe a favor de la impunidad ya que ahora el impulso de la causa quedó relegado exclusivamente en el fiscal federal Eduardo Taiano que ya no cuenta con la presión ni los pedidos de medidas de prueba que los abogados de los damnificados aprotaban activamente al expediente.
Ello sucede después de haber quedado en el ojo de la tormenta a principio de este año luego de que la abogada y periodista Natalia Volosin revelara que Taiano tenía en su escritorio documentación sensible sobre la causa que permanecía cajoneada.
Más aún. La decisión del magistrado llega luego de que desde el Gobierno de Milei hayan intentado llegar a un arreglo económico con los damnificados con el fin de que retiraran las demandas contra el propio presidente.
Ni hablar del lodoso camino que transitó esta trama, teniendo una comisión investigadora en la Cámara de Diputados que el Gobierno intentó paralizar y hasta extinguir prematuramente antes de siquiera poder empezar a investigar.
El inocente se defiende como inocente, y este no parece ser el caso del presidente, que constantemente intenta embarrar la cancha y utilizar estrategias de las más polémicas, casi implícitamente reconociendo su culpabilidad, con el fin de zafar de la causa penal.
“No hablo para no obstruir el trabajo de la justicia”. Esas palabras exactas había dicho el entonces jefe de Gabinete Manuel Adorni en una entrevista que le había realizado el periodista Alejandro Fantino para no responder a ciertas incógnitas.
Fue algo similar a lo que dijo frente a los periodistas acreditados en la Casa Rosada en la primera conferencia de prensa que brindó luego de que estallara el escándalo sobre su patrimonio. “No vamos a obstruir el trabajo de la justicia”, lanzó.
Sin embargo, el tiempo demostró que, al igual que el presidente, Adorni mintió. En realidad sostuvo muchas mentiras a lo largo de los cuatro meses que duró en el cargo desde que estalló el escándalo, pero esa fue una de las más bochornosas.
Es que luego se supo que intentó influir en la declaración del contratista Matias Tabar que fue quien se encargó de las refacciones de Indio Cuá como hizo “con todos”, en las propias palabras del ahora caído en desgracia ex funcionario de primera linea.
Es decir, mientras a la sociedad le mentía y le decía que no incidiría en la investigación, por detrás intentaba influir en la declaración de los testigos que la justicia llamaba para poder recabar testimonios que ayuden a comprender el inexplicable crecimiento patrimonial del imputado.
Lo cierto es que a Adorni la cuestión se le complica cada vez más y ahora ya ni siquiera tiene permitido salir del país sin un permiso judicial mientras su llamado a declaración indagatoria se acerca inevitablemente y lo acecha de cerca.
La causa la tiene el juez federal Ariel Lijo, el mismo que el Gobierno intentó meter por la ventana en la Corte Suprema de Justicia y que viajó a París junto al ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques para defender la gestión del Gobierno de Milei en materia de lavado de dinero.
Es el mismo juez que tiene a su cargo la causa por supuesta recaudación ilegal en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) un expediente caliente que roza de manera constante a la secretaria General de Presidencia Karina Milei.
No es causal entonces la posición del Gobierno sobre Lijo, porque en política, hay que repetirlo hasta el cansancio, nada es casual. Entonces respondería a la necesidad de hacerse de un escudo de impunidad frente al avance de expedientes que prometen complicar a los más altos funcionarios del Gobierno.
El lío es tal que al principio el otro caído en desgracia, Diego Spagnuolo, había dicho que los audios con los que se destapó esta megacausa de corrupción estaban estaban alterados y pidió que se realice un peritaje del cual después se negó a participar. Insólito.
Los audios tomaron mayor relevancia sobre todo después de los peritajes preliminares, lo que obligó al Gobierno, nuevamente, a intentar interferir en el avance del expediente con el fin de despegar a “KM”, varias veces mencionada en chats de whatsapp y en las anotaciones de Miguel Ángel Calvete.
Fue así que enviaron al apoderado legal de La Libertad Avanza Santiago Viola a operar en las sombras para detener o al menos ralentizar el avance del expediente que tiene un juez conocido por poner las causas a dormir la siesta.
Otra vez, el inocente se defiende como inocente y busca despegarse de la culpabilidad poniéndose a disposición de la investigación. Nada de ello está pasando en ninguno de los expedientes más picantes para el Gobierno. Lo que a la postre sugiere todo lo contrario. Imagen de portada generada por inteligencia artificial (IA)
