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¿PURO Y CASTO? Por Enrique Avogadro

23 de diciembre de 2024

“Percibimos las cosas que cambian, pero no estamos preparados para distinguir las cosas que permanecen estables. …. Las cosas que no cambian son, casi siempre, las más importantes”.

Giuliano da Empoli

 

Celebro el triunfo, globalmente reconocido, de Javier Milei en las batallas contra la inflación, los déficits fiscal y comercial, la (in) cultura del subsidio populista, el descrédito mundial y hasta los piquetes que tanto nos complicaban la vida. Pero la semana pasada, cuando describí a las castas que eligieron suicidarse colectivamente, no suponía que La Libertad Avanza se sumaría a ese montón – pese a que veía algunos raros indicios previos – ya que una de sus principales banderas electorales fue la lucha contra la corrupción enraizada en el Estado, que reconoce la complicidad de algunos empresarios y, sobre todo, cuenta con la protección de la Justicia Federal.

Encabezan el inventario de esas curiosidades inexplicadas, por supuesto, lo sucedido con la fracasada ley de “ficha limpia”, el rastrero conventillo de la relación con la Vicepresidente, Victoria Villarruel, y la insistencia en que el impresentable Juez Ariel Lijo obtenga una silla en la Corte Suprema; si Javier Milei lo designara por decreto, cometería un error letal para su propia imagen y, sobre todo, para su futuro político. Gran parte de éste depende de la reactivación de la economía, golpeada por la recesión que fue indispensable para detener la hiperinflación, o sea, del arribo de fuertes inversiones en sectores productivos, que observan siempre, con mucho detalle, tanto la transparencia de la administración pública cuanto la seguridad jurídica que ofrece el país de destino; y los medios internacionales especializados ya han reflejado la justificada resistencia masiva que esa candidatura concita en la sociedad.

Pero hoy se agregan algunas otras decisiones de Javier Milei (¿o de Santiago Caputo, el super asesor sin cargo?) que no resisten el menor análisis. Después de tantos “¡AFUERA!” gritados por el Presidente contra decenas de funcionarios de relevancia decapitados inmisericordemente y sin explicaciones, sumadas a las anunciada purgas ideológicas de quienes no estén consubstanciados con el proyecto, que no haya reacción oficial – y que el vocero, Manuel Adorni, anuncie que no la habrá –  ante la documentadísima denuncia de Hugo Alconada Mom contra Andrés Vázquez por evasión y enriquecimiento ilícito produce un grave y sintomático estruendo.

Porque este señor encumbrado a la conducción de la DGI, es decir, es quien deberá controlar qué hacemos con nuestro patrimonio y cuidar que no eludamos nuestras obligaciones tributarias, sino que carga una pesada mochila de antecedentes de lavado de dinero, vínculos con los sótanos de la inteligencia y persecuciones políticas, como fue la invasión a Clarín, con 200 inspectores, el grupo periodístico que terminó el romance que mantenía con el kirchnerismo cuando Cristina Fernández descerrajó la guerra contra el campo, por el dictado de la Resolución 125 (2008) del entonces Ministro de Economía y ahora paracaidista radical, Martín Lousteau.

No pretendo comparar, en materia de tamaño del botín, con el monumental saqueo al que nos sometió el kirchnerismo, con la clara complacencia de una sociedad que lo votó cuatro veces y que aún concede cierta imagen positiva a su jefa, procesada en tres causas y condenada ya en la cuarta. Pero que todo el PRO, incluido Mauricio Macri, haga exactamente lo mismo ante la situación de Cristian Ritondo (también respaldado por Milei), un comprador compulsivo de inmuebles y automóviles de alta gama, no sólo no quita responsabilidad al Gobierno sino que, lamentablemente manosea en el mismo lodo los republicanos que creemos que la regeneración de nuestro país depende, en gran medida, de los ejemplos que brinden las autoridades que elegimos.

Ha comenzado a descorrerse el velo que volvía tuerta a la Justicia, con la resolución de la Cámara Federal que revocó el sobreseimiento por prescripción de la causa por el feroz atentado de 1976, en la Superintendencia de Seguridad Federal, que costó la vida a 24 personas e hirió a más de 70, tal como relató Ceferino Reato en un libro magistral. Además, le ordenó a la eternizada Juez María Servini citar a indagatoria al terrorista Mario Firmenich y continuar investigando a Horacio Verbitzky, entre otros. Ya que la muerte de un cómplice, Rodolfo Walsh, impide proceder contra él, espero que Jorge Macri, Jefe de Gobierno de CABA, quite ya su nombre de la estación de subterráneo de San Juan y Entre Ríos.

De todas maneras, ese fallo no logrará eludir la criminal responsabilidad de decenas de jueces prevaricadores que, desde 2003, han cometido tantas tropelías contra miles de militares, policías, civiles y sacerdotes y mantienen en la cárcel, en literales pabellones de la muerte, a cientos de ellos, ya ancianos y enfermos. Cuando exista una verdadera Justicia, todos esos asesinos con toga deberán ser, a su vez, juzgados y condenados por sus infames torturas y asesinatos.

Cuando vuelva a encontrarme con mis sufridos lectores, Cristo habrá nacido una vez más. Deseo a todos y cada uno de ustedes, incluso a quienes no comparten mi fe, una feliz y santa Navidad, y que su espíritu nos permita mirar al futuro con esperanza personal y colectiva y, sobre todo, que traiga un poco de paz a este conflictivo mundo, el único hogar que, al menos por ahora, compartimos y poseemos para vivir.

 

Enrique Guillermo Avogadro

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