Este martes, la Corte Suprema de Justicia confirmó lo ya actuado por la Justicia y decidió que Cristina Kirchner sea condenada a seis años de prisión. A su vez, la inhabilitó para ejercer cargos públicos.

La otrora presidenta decidió jugar su usual carta en la manga: “Me proscriben”, sostuvo. Pero, ¿realmente alguien puede creer que quieran censurar a una candidata a concejala por la tercera sección electoral bonaerense? ¿Cuánta gravitación puede tener a nivel político aquella postulación?

Por otro lado, debe mencionarse lo más relevante del caso: el proceso tuvo más de 23 instancias judiciales, con el revés para Cristina por parte de fiscales nombrados por el propio kirchnerismo.

Puntualmente, catorce jueces intervinieron en la causa Vialidad. Tres de ellos nombrados por los K: Diego Luciani fue nombrado en 2013, en el segundo mandato presidencial de Fernández de Kirchner. Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu fueron designados en septiembre de 2011, también bajo su gestión.

A su vez, Andrés Basso asumió en septiembre de 2015, en los últimos meses del segundo mandato de Cristina.

¿Más datos para desmentir la presunta conspiración? Hubo camaristas que revisaron varias veces el expediente de Vialidad y ratificaron todo lo actuado.

La verdad es otra: en 2003, Lázaro Báez era un empleado del banco de Santa Cruz y, tras la llegada de Néstor al poder, se convirtió en el constructor preferido por el poder de turno. Ello quedó demostrado en la causa de marras.

La preferencia siempre era para sus empresas, principalmente Austral Construcciones. Ese favor fue luego devuelto en millones y millones de pesos que ingresaron a las cuentas de los Kirchner a través de sus hoteles. En alojamientos que se comprobaron inexistentes.

Hablar de aquellos años ahora parece sencillo, pero entonces los periodistas éramos duramente vilipendiados por meter nuestras narices en tamañas irregularidades.

No se trata sólo de Lázaro Báez, sino también de cómo este se apropió de otras empresas constructoras de manera brutal y hostil. Casi mafiosa.

Basta releer lo ocurrido con Kank y Costilla, o con Gotti, cuyo factotum murió en un accidente plagado de sospechas. Eran los idus de 2004.

Por eso, por mucho más, es un absurdo creer que el fallo de la Corte de este martes sea parte de una conspiración política. Solo se hizo Justicia. Como pocas veces en la Argentina.

 

Christian Sanz.