Aunque es un problema de déficit de atención gubernamental que lleva casi un lustro, como nos indicara la colega especializada en tópicos agropecuarios, María Florencia Goncalvez –Sociedad Rural Ovina, Caprina, Equina y Porcina de Misiones (Classic 91.3Mhz), el referente Sergio Delapierre apuntó entusiasta que ésta ha sido la manifestación más contundente del Campo Misionero después del primer tractorazo yerbatero hace 23 años. Y no es para menos: se autoconvocaron en la Coop. Yerbatera Dos de Mayo Ltda, los representantes de todos los sectores de la producción agroforestal y primaria de esta provincia.

Productores autoconvocados.

La demanda unívoca se centró en la derogación de los Artículos 7 y 8 de la Ley III Nº 103 “Ley de Promoción de Bioinsumos”, que al decir de los representantes de las entidades del Campo a nivel nacional participantes del encuentro, «Se legaliza una norma sin consenso ni consulta especializada, y que además se contrapone a la propia legislación provincial»

Especialistas explicaron los alcances de la violación provincial a la Ley de Productos fitosanitarios.

Participaron del cónclave, representantes de: CONINAGRO, Federación Agraria Argentina (FAA), Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), FEDECOOP, Sociedad Rural de Misiones, Sociedad Rural Ovina Caprina, Equina y Porcina de Misiones, Asociación de Ganaderos Unidos del Alto Uruguay, Asociación Civil Agricultura Forestal, APICOFOM, AMAYADAP, Federación de Asociaciones Rurales y Forestales de Misiones (FARM), Movimiento de Trabajadores del Alto Uruguay, Asociación Agro Ganadera de Bernardo de Irigoyen, La Soberana, Productores Autoconvocados, Asociación Civil de Productores Forestales Ganaderos.

Al momento de las exposiciones a micrófono abierto, se escucharon definiciones tales como «Esta ley diluye el espíritu democrático al no permitir producir en libertad, imponiendo gubernamentalmente un producto sin aval científico y utilizando a los productores como cobayos a cielo abierto«, «no estamos en contra de la competitividad y la economía ecológica, pero nos metieron en el barro y van a tener que reconocer sus errores desde el gobierno», «sin previo aviso ha aparecido un insumo que nos produjo un daño internacional al momento de exportar, y todo por desconocimiento de diputados que legislan para los 17 departamentos de la provincia.

Diputados de la oposición también se hicieron presentes.

Asistieron los diputados Gladys Cornelius y Francisco Fonseca (UCR – JxC), Blanca Alvez y Cristian Castro (PAyS – FdT), Pedro Puerta y Germán Kiczka (Activar), Horacio Loreiro y Miguel Núñez (PRO – JxC), además de intendentes de zona productora Hugo Humeniuk (Concepción de la Sierra) y Cali Goring (Aurora), la concejal Adriana Kosnicki (PRO JxC – Oberá), el concejal Pablo Velázquez (Acción – UCR, Posadas), además del diputado (MC) Javier Mela.

Desde el radicalismo se aclaró que ya está pedida la prórroga a la implementación de la ley y sin éxito hasta el momento, pero que van a insistir; desde Activar, que la ley es pésima: disfrazada en el argumento de ‘producto Bio‘, bien trabajada jurídicamente y que establece multas a los productores que no cumplan con ella, produciendo el ahogo económico que puede conllevar a la peor especulación y, desde el PRO, el acompañamiento de las entidades nacionales presentes frente a un gran problema que puede replicar en otras provincias, tomando el mal ejemplo de la Renovación misionera, como expresaran en la mesa de especialistas. Pero quedó resonando fuerte la frase «los que nos están haciendo pelota son los políticos que no tienen idea de lo que pasa en las chacras…»

El acta

Se realiza la Asamblea convocada por asociaciones ruralistas, productores, agricultores, empresarios pyme, exportadores, cooperativistas y legisladores a los fines de visibilizar y poner en agenda la preocupación sobre la prohibición del glifosato que establece la no utilización del producto en todo el territorio provincial a partir del mes de julio de 2025. Producto de la Asamblea, se acordaron los siguientes puntos:

● Abordaje inmediato del tema en la próxima sesión legislativa (04/06) de la Cámara de Representantes de Misiones. Ya sea, a través de: (1) tratamiento sobre Tablas del Proyecto que propone la Derogación de los Artículos 7 y 8 de la Ley III Nº 103 “Ley de Promoción de Bioinsumos”, presentado en el mes de febrero en la Cámara de Representantes; o bien (2) otorgamiento de una prórroga consecuente con los tiempos necesarios para encontrar un reemplazo. Esto, tomando el ejemplo de la Ordenanza ya aprobada en Dos de Mayo y las ya encaminadas en Pozo Azul, Colonia Aurora San Javier, El Soberbio y San Pedro.

● Avanzar con Ordenanzas Municipales para manifestar la preocupación de la prohibición del glifosato a lo largo y ancho de la provincia. ● Rotundo rechazo a la sectorización y segmentación para otorgar prórrogas por sectores para el cumplimiento de la Ley, cuestión que fue oportunamente propuesta por el Ministro del Agro y la Producción de la Provincia a diferentes dirigentes rurales.

Los abajo firmantes se comprometen a acompañar las medidas antes expuestas y a fortalecer la visibilización de este tema en la agenda pública, productiva, institucional y política de la provincia de Misiones así como también de la Nación.

A modo de conclusión

Si bien puede probarse que esta ley «Agrosustentable» complica la situación de los pequeños productores y que ya fue preentada una acción de la Mesa de Enlace de las entidades rurales nacionales en la Procuraduría General de la Nación el 15 de septiembre de 2023, y otra para que no haya retardo de justicia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 22 de mayo pasado, la cuestión es que no hay materia judiciable debido a que el bioinsumo producido en Misiones sólo tiene prohibida su comercialización por carecer de certificación Senasa, pero no así su distribución. Por lo menos hasta que entre en rigor la ley en julio de 2025.

De hecho, la distribución directa está evidenciada en campañas televisivas de promoción desde el gobierno provincial. Por ahora toda demanda judicial contra el producto en estas circunstancias, sería estéril. Sin embargo, podría ser observable judicialmente si se presentaran denuncias ante el Senasa con evidencia física, cuestión que hasta ahora tampoco fueron realizadas.

De todas maneras en lo que va de la implementación de esta ley rechazada por todo el arco opositor en la Cámara de diputados y celebrada por el gobierno, el daño económico generado a los productores por esta imposición, aún está lejos de resarcirse o de indemnizarse.

Pero yendo al planteo de fondo, esta aventura «aleatoria» a la certificación lograda por el gobierno para que Misiones sea acreedora de los Bonos Verdes o de Carbono en millones de dólares, no es más que una aviesa maniobra que es cubierta por fondos públicos provinciales.

Cabe recordar que la provincia de Misiones sufrió un contundente revés de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en septiembre último, que rechazó gravar fideicomisos financieros celebrados en otra jurisdicción, cuando la administración gubernamental pretendió de forma obsecada cobrar impuestos de sellos, careciendo de sustento territorial y vulnerando las previsiones de la Ley de Coparticipación vinculadas a dicho tributo.

Todo esto sumado al default que aún se mantiene con los tenedores de deuda pública misionera. Obviamente, de Cammesa ni hablar.

(fotos: gentileza Florencia Goncalvez)

 

Walter Bravo | Observador Urbano | Fm Nuestra Radio – Oberá