El pasado martes 2 de diciembre, en el Senado Nacional, se presentó el Informe sobre Libertad de Expresión en Argentina 2025, un laburo conjunto de SiPreBA, la Carrera de Comunicación de la UBA, FATPren, la Federación Internacional de Periodistas y el apoyo de Democracy at Work. El encuentro se hizo en la Comisión de Medios y Libertad de Expresión, que preside la senadora María Carolina Moisés.

Participaron diversas voces del ámbito académico, sindical y periodístico: Diego de Charras, Zuliana Lainez, Julia Mengolini, Ari Lijalad, Jorge Sola, Diego Morales, Sebastián Vricella, Larisa Kejval y Ángela Lerena, entre otros.

Desde SiPreBA fueron clarísimos: “Hace dos años que este gobierno viene implementando un plan sistemático para pegarle a quienes trabajamos en comunicación: represión, persecución y desfinanciamiento”, dijo Gaudensi.

 

“La libertad de expresión es un derecho clave para participar de la vida política y democrática. Está en juego un pilar básico del sistema” – Senadora María Carolina Moisés

 

El informe muestra datos fuertes: las agresiones policiales aumentaron un 66% en comparación con 2024, hasta octubre de 2025 se registraron 83 hechos contra periodistas y reporteros gráficos, sólo en la marcha del 12 de marzo hubo 20 ataques policiales, con gases, balas de goma, golpes y maltratos, y sigue creciendo la persecución judicial, los intentos de bloquear coberturas y el hostigamiento desde cuentas oficiales.

Una de las maniobras más usadas es aplicar figuras legales como “resistencia a la autoridad” para criminalizar a quienes filman abusos en marchas y protestas.

Deepfakes, ciberpatrullaje y más vigilancia digital

Otro eje clave del informe tiene que ver con lo digital: se documentó el uso de inteligencia artificial para fabricar deepfakes de políticos como Macri y Taiana, usados en pleno año electoral. El Presidente incluso justificó esa práctica diciendo que es “libertad de expresión”. También se analizó la creación de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS) y la Resolución 828/2025, que habilitan infiltración de agentes digitales y monitoreo de redes.

Durante el panel, Jorge Sola lanzó una frase que quedó picando: “Los algoritmos no son neutros: son arquitectos de subjetividades”. El periodista Ari Lijalad describió la estrategia del Gobierno: “El problema de Milei no es con los periodistas, es con la información. Él cree que su opinión se vuelve un hecho”.

También advirtió sobre las consecuencias de fomentar odio contra la prensa. Y el informe muestra números preocupantes: el perfil de Milei en X generó más de 1.589 insultos, superando incluso a trolls anónimos.

Julia Mengolini, por su parte, contó que fue víctima de pornografía falsa creada con IA, una violencia digital que afecta reputación, trabajo y salud emocional. El documento también recuerda el episodio gravísimo en el que el Presidente expuso públicamente a Ian Moche, un niño autista de 12 años.

La FIP fue contundente: “El Estado no solo dejó de proteger: se convirtió en uno de los principales agresores de la prensa”. El documento también destaca:

1. Censura judicial inédita en 30 años, como impedir la difusión de audios de Karina Milei.

2. Uso de deepfakes y manipulación informativa durante el año electoral.

3. Vaciamiento total del ENaCom, la Defensoría del Público y los medios públicos.

4. Caída de sueldos, falta de paritarias y despidos en todo el sector.

5. Patrullaje digital y vigilancia estatal para marcar, perseguir o criminalizar protestas.

Para Diego de Charras, lo de este año fue incluso peor que 2024: “Retrocedimos mucho. Hoy nos preocupa la integridad física de reporteros. El Estado abandonó su responsabilidad”.

Gaudensi insistió en el “desguace de los medios públicos” y la ausencia de Télam, clave para una mirada federal. La senadora Moisés recordó el intento del Gobierno de obligar a periodistas a revelar sus fuentes: “Sin proteger las fuentes no hay derecho a la información”.

Además, la Comisión creó un Observatorio para registrar estos casos tras años de inactividad.

Lo que dijeron sindicatos, organismos y universidades
También hablaron representantes de la CGT, ARGRA, CELS, la UBA y la FIP. Zuliana Lainez resumió la importancia del informe: “Documentar agresiones es la forma de derribar el relato que intenta ocultarlas”.

Entre otras cuestiones, el relevamiento deja en claro que: la represión aumentó 66%, hay una persecución judicial sin precedentes recientes, crece la violencia digital y la estigmatización desde cuentas oficiales, la IA se usa para manipular la conversación pública, las condiciones laborales del sector están en crisis, y se avanzó en tareas de inteligencia contra referentes críticos.

El documento cierra con una advertencia simple y directa: Sin libertad de expresión no hay democracia. La senadora Moisés pidió que el Congreso tome cartas en el asunto: “Este informe nos da un diagnóstico. Ahora hay que pensar qué acciones vamos a impulsar para proteger este derecho fundamental”.

 

Pablo Trapiani │ Subeditor de Sociedad de Tribuna de Periodistas

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