El diario Primera Edición en dos artículos:
1- Patente: el Gobierno anunció descuentos y la posibilidad de pagar en ocho cuotas. www.primeraedicion.com.ar/nota/100967943/patente-el-gobierno-anuncio-descuentos-y-la-posibilidad-de-pagar-en-ocho-cuotas/ (28-01-25)
2- Luego de tres décadas, aumentó el Impuesto Inmobiliario: habrá quitas de hasta el 40%. www.primeraedicion.com.ar/nota/100962013/luego-de-tres-decadas-aumento-el-impuesto-inmobiliario-habra-quitas-de-hasta-el-40/ (09-01-25), e informa que el Ejecutivo ha lanzado una serie de medidas respecto al Impuesto Inmobiliario y el IPA, con descuentos que alcanzan el 40% en el primero y el 30% en el segundo, además de facilidades de pago en cuotas.

 

30 años, de nada misma.
En el caso del Impuesto Inmobiliario, se argumenta que el revalúo se realizó tras 30 años sin actualización. Esto plantea interrogantes: ¿por qué no se hizo antes? ¿Fue una decisión política o un incumplimiento de funciones por parte de los responsables de la hoy ATM? Si durante tres décadas no se cobró lo que correspondía, podríamos pensar que la sociedad se benefició, pero lo cierto es que hubo responsabilidades que no se cumplieron. En cualquier trabajo, quien no respeta sus obligaciones es apartado de su cargo. ¿Por qué en este caso nadie rinde cuentas? Y si supuestamente este gobierno respeta a rajatabla el equilibrio fiscal, ¿qué puede justificar una mayor recaudación si terminamos el 2024 con equilibrio fiscal? ¿Más obras? ¿Cuáles?

Se menciona también que muchas partidas están desactualizadas (construcciones que figuran como baldíos), quizás por falta de declaración de los contribuyentes. Sin embargo, cabe preguntarse qué hizo el Estado para garantizar el cumplimiento de la normativa. En ciudades como Oberá, cualquier mínima ampliación en una vivienda —incluso una cucha para perros— es detectada por el municipio, que exige su regularización. ¿Por qué el Estado provincial no aplicó los mismos mecanismos de control durante todos estos años? Pese a que se vende, supuestamente, que somos una provincia ¡vanguardista en tecnología!

Otro punto a considerar es la inequidad en la valuación fiscal. Un terreno con construcción en pleno casco urbano de Posadas paga $66.000 de Impuesto Inmobiliario (según lo que relata el diario Primera Edición, de parte del gobierno o ATM), sin contar los descuentos, que son coyunturales o aleatorios y NO SON un derecho adquirido.

Ahora bien, vivo en la Localidad de Los Helechos, un pueblo rural cercano a Oberá, y pago un impuesto equivalente al de Posadas, una ciudad donde, al menos en su centro y costanera, se pueden ver obras y mejoras urbanas. En cambio, en el barrio donde resido costó conseguir la obra de cordón cuneta y el empedrado de dos manzanas: ¡ocho años de reclamos! Y tras ocho meses de trabajo, aún no se ha terminado ni siquiera el cordón cuneta.

La supervisión del IPROHDA parece inexistente, lo que deja en evidencia la falta de planificación y control sobre el uso de los recursos públicos. En síntesis, se nos cobra como si viviéramos en una ciudad pujante, pero las condiciones son las de un abandono total.

 

Impuesto al Parque Automotor
En cuanto al IPA, además de los descuentos anunciados, se asegura que se pagará menos que en 2024. Sin embargo, esto no considera un punto clave: la depreciación de los vehículos. En el país existe legislación sobre la amortización de los rodados y, más allá de la ley, es de sentido común que un auto pierde valor con los años. Pero en Misiones, la base impositiva se establece tomando como referencia el precio de mercado fijado por ACARA, sin contemplar la depreciación real del vehículo.

Por ejemplo, según ACARA, en 2023 el valor de los vehículos aumentó cerca del 200% y en 2024 el revalúo supuestamente está por debajo de la inflación, pero no mencionan que en 2023 tuvimos una desmedida inflación y que los precios no condecían con la realidad y nadie se inmutó por corregir esto. Es decir, en la práctica se nos cobra como si los vehículos fueran nuevos, cuando en realidad son bienes que se deterioran año tras año.

Ante este escenario, cabe preguntarse: ¿dónde están nuestros representantes? ¿No son capaces de advertir estas inconsistencias o escuchar las quejas de la sociedad? ¿No cuentan con asesores que les brinden un análisis serio de la situación? ¿No se supone que están del lado de los misioneros? ¿O da la casualidad de que esto sucede en los meses en que se «resetean» o pierden la señal de lo que le pasa a la sociedad?

El Estado lleva adelante obras y servicios que emplean recursos —los impuestos—, lo cual es cierto, pero también es su obligación administrarlos con transparencia y notificarnos a quienes sostenemos el Estado. La Ley de Presupuesto 2025, aprobada en 2024, no menciona una previsión de revalúo fiscal de inmuebles. ¿Cómo se justifica, entonces, la actualización de los valores sin que haya una base legal clara? ¿Qué explicación pueden darnos nuestros legisladores al respecto? Porque, al margen de que deleguen esta responsabilidad en el Ejecutivo, ellos siguen siendo los responsables de los impuestos y de la Ley de Presupuesto. ¡No saben ni contestan!

Si se exige el pago de impuestos, también se debe exigir que el Estado cumpla con su parte: administrar con eficiencia, equidad y transparencia.

 

Lic. Eduardo Flores │ Observador Urbano