«Los Estados poderosos solo pueden sostenerse mediante el crimen». Mijail Bakunin

El Estado, desde que existe sobre la faz de la tierra, se ocupa principalmente de un solo fin, en el cual invierte casi todos sus esfuerzos y recursos. Ese fin consiste en extender y fortalecer permanentemente sus tentáculos con la única intención de dominarlo todo, y al mismo tiempo, lograr que los crímenes que termina cometiendo, invariablemente, en el ejercicio de esa dominación casi absoluta, permanezcan impunes (al menos, la mayor parte de ellos).  En muchos casos, asumiendo rasgos profundamente distópicos, el Estado comete el más sacrílego de los actos: se abalanza sobre la libertad del individuo, desconociéndola. Dejo en claro que el acto que acabo de mencionar, criminal y liberticida por donde se lo mire, no resulta propio y exclusivo de los Estados totalitarios.  Más de una vez, las denominadas democracias avanzan sobre las libertades fundamentales de los individuos, y las leyes opresivas emanan de los mismos parlamentos, cuyo falso apego a la libertad, siendo partes del mismo Estado, queda absolutamente de manifiesto. De más está decir que la otra pata del Estado, es decir, el poder judicial, casi nunca se atreve a pronunciarse por motu propio, exigiendo que aquellas leyes opresivas sean inmediatamente derogadas. Generalmente, tales leyes son promulgadas para beneficiar los intereses de grupos locales poderosos, o bien, de entidades supranacionales, tales como la Organización Mundial de la Salud o las grandes farmacéuticas, cuyas presiones descaradas dejan al descubierto la catadura moral de aquellos que, arrogándose la representatividad del pueblo, sentados en sendas bancas, una vez que han sido sobornados impúdicamente, legislan contra los intereses de los argentinos. Y aquí, no por casualidad mencioné a la OMS y a las grandes farmacéuticas, beneficiarias directas del experimento social y genético global que se inició en 2020, en nuestro país, gracias a la oportuna colaboración del Estado argentino, representado entonces por la nefasta figura de Alberto Fernández, el cual estableció una cuarentena ilegal basándose en Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), viciados de inconstitucionalidad, respondiendo a los intereses del globalismo genocida. Siguiendo el orden cronológico de aquellos hechos, no puedo dejar de mencionar que el Estado argentino, durante el citado encierro ilegal de la población, cometió una serie de delitos, incluso de lesa humanidad (muertes, represión y detenciones arbitrarias), en distintos lugares del país, amparándose en el DNU 297/2020 (para más datos, incluyendo cifras, recomiendo visitar la página de la Coordinadora contra la represión policial e institucional, CORREPI: https://www.correpi.org/covid-19). Crímenes que, dicho sea de paso, aún permanecen absolutamente impunes, a pesar de que constituyen casos evidentes y concretos de terrorismo de Estado. A propósito, durante ese lapso, jueces y fiscales actuaron en absoluta connivencia con el Poder Ejecutivo Nacional, permitiendo la abolición sistemática de las libertades fundamentales (a pesar de que la Constitución Nacional no puede ser abolida o suprimida en alguna de sus partes, mucho menos durante una supuesta pandemia),  al rechazar cientos de Hábeas Corpus, a la vez que no permitían la realización de autopsias, convalidando de ese modo el criminal experimento genético, no dando lugar a que se supiera, con certeza, cuáles fueron las cusas reales de muerte de miles de personas, simplemente, porque «todo era covid». Experimento genético que continúa dejando secuelas de muerte y daño físico, sin que el Estado nacional asuma su absoluta responsabilidad en el hecho, sobre todo después de haber actuado haciendo uso del monopolio de la fuerza para garantizar el cumplimiento de mandatos provenientes de organizaciones supranacionales privadas, coaccionando a millones de argentinos, forzándolos a convertirse en cobayas de laboratorio de un experimento social y genético. Todo con absoluta premeditación y alevosía, lo cual hace que este crimen resulte todavía mucho más aberrante. Cuatro años después, sabe Dios a cuánto ascenderán las víctimas de este experimento orquestado por el globalismo genocida y apoyado por el Estado argentino. Crimen de lesa humanidad, le dicen.

Otro capítulo oscuro del accionar del Estado argentino, es la controvertida aplicación de la ley 27491, de vacunación compulsiva y obligatoria (sancionada a toda prisa en 2018, «casualmente» antes de la «pandemia» y semanas después de la visita del infame Bill Gates-promotor, gestor y financiador de inóculos tóxicos-, quien se reunió con el impresentable Mauricio Macri, por entonces presidente). Dicha ley fue reglamentada por el Decreto 439/2023, y termina por legalizar el abuso total del Estado, ya que establece que la policía puede proceder, por orden de un juez, al secuestro de cualquier recién nacido para someterlo a vacunación forzada, incluso contrariando la expresa vountad de sus padres, reafirmando, de hecho, que los hijos son del Estado argentino y no de sus progenitores legítimos, viejo anhelo de cualquier tiranía, y llevado a cabo por ese mismo Estado argentino, mientras se jacta de respetar los derechos humanos, la libertad y la democracia.

Pero los actos criminales del Estado argentino, al menos los más recientes, cometidos en pleno estado de derecho, no se circunscriben a la órbita sanitaria, sino que abarcan otros aspectos, ya que, no contento con atentar contra la salud de los argentinos, también atenta contra sus bienes, contra sus sueños y contra su futuro, recurriendo a la economía para convertir a gran parte de la población en víctima de genocidio económico, el cual se basa en el empobrecimiento y pauperización forzadas de vastos sectores sociales, valiéndose de prolongadas crisis económicas creadas adrede, donde abundan extensos períodos de alta inflación.  Este accionar criminal del Estado argentino continúa perpetuándose a través del tiempo, gracias, en gran parte, a la complicidad de los medios de comunicación. Como periodista, no puedo ni debo callar ningún crimen. Mucho menos aquel que comete el Estado, representado por los políticos, auténticos e infames traidores a la patria.

Lic. Rodolfo Oscar Martín