Los que ocupan una situacion menos desfavorable dentro de la sociedad deberían aceptar las desventajas, siempre y cuando la situación ventajosa de otros redundará en un beneficio para todos.

El mega-decreto del poder ejecutivo nacional tiene por objeto dejar sin efecto el art 4 de la ley 25564 del Instituto Nacional de la Yerba Mate, INYM, creado en el 2002 por iniciativa de la UCR con la participación de productores de Corrientes y Misiones, trabajadores, secaderos, la industria y el Estado. En su articulado, la norma estableció funciones de acordar por unanimidad, semestralmente, entre los distintos sectores participantes de la cadena yerbatera, el precio de la materia prima entendida en hoja verde y yerba mate canchada.

Esta forma de fijar el precio estaría quedando sin efecto por la medida del nuevo gobierno nacional y, por consiguiente, ocasionará un impacto negativo en la producción primaria y en la mano de obra debido a que la fijación de un precio sostén permitió en muchos casos la estandarización de costos y lograr defender las producciones que están en mayor desventaja. A lo largo de estos años la intervención del INYM fijó un precio sostén que ha servido para que la industria tuviera un piso, y pagara un preció aún por encima del precio acordado.

El radicalismo en tiempos de lucha junto a productores de distintos calibres, impulsó la creación del instituto yerbatero. Pasaron más de 20 años de esa histórica epopeya entendiendo en que el organismo seguramente deberá seguir perfeccionando su accionar; pero, quitarle la potestad de fijación del precio del producto madre de Misiones atenta directamente contra esas viejas luchas, cosa que endurece la postura de no transigir debido a que está allí el sacrificio de hombres y mujeres de las chacras misioneras.

El ejecutivo nacional, en estos nuevos tiempos, debiera comprender que cada acuerdo es una ratificación de unidad de principios comunes que terminan con la vieja dicotomía liberales/socialistas. Por un lado los liberales NO ACEPTAN la intromisión del Estado en el MERCADO rechazando por ello toda regulación de la economía, ya que ENTIENDEN y con razón QUE ES EL ESTADO EL QUE REGULA LA ACTIVIDAD; por el otro en cambio, el socialismo entiende que la libertad y la igualdad son obstaculizadas por los poderes económicos, considerando necesaria la mediación política aunque sin tomar en cuenta que cuando ésta se exede produce el deterioro del desarrollo económico y la declinación del bienestar social. Es decir: lo contrario a lo que se buscaba. Ambos, liberales y socialistas, están en lo correcto en parte, en vista de que unos obstaculizan al Estado y otros al Mercado; pero desconocen la dependencia relativa de lo político y lo económico.

Pero en este caso puntual, y para esta economía yerbatera, la regulación es AUTOIMPUESTA POR TODOS LOS INTEGRANTES DE LA CADENA PRODUCTIVA, que como resultado de la desregulación salvaje de los 90’s, decidieron por ley y en conjunto, generar un organismo que termine con el ciudadano desaparado, entiéndase productor, frente a los poderes económicos concentrados.De ésta manera se logró que la actividad yerbatera se autoregule sin tecnócratas ni burócratas de la política detrás de las medidas establecidas por el INYM.

De hecho, aquí discuten en una mesa los productores, los secaderos, los molinos, los trabajadores rurales con las cooperativas, y las provincias de Misiones y Corrientes. Es por esta discusión que se ejecuta la NORMA por la que se autoimponen para regular la actividad.

Walter Molina – Gerardo López